Introducción
Cuando una familia atraviesa una separación (u otras situaciones negativas) y este hecho vulnera las necesidades básicas de un menor de edad o adulto, uno de los temas más sensibles es la pensión de alimentos.
Si la demanda de alimentos es un proceso que está siendo considerado, una de las preguntas más comunes es: ¿Quién paga la demanda de alimentos en el Perú?
Responderla puede generar incomodidad, pero es importante conocer la realidad para tomar decisiones informadas.
Antes de responder quién, te invitamos a conocer cuánto cuesta una demanda de alimentos en Perú en el siguiente artículo.
Si ya tienes una idea de los montos, hablemos de quién asume el pago total de la demanda desde su preparación hasta la sentencia y la confirmación de que la pensión de alimentos ha empezado a ejecutarse.
💡La persona que presenta la demanda —generalmente la madre, padre o tutor del menor— es quien asume los costos del proceso. Esto incluye los honorarios del abogado, las copias certificadas, los pagos judiciales y cualquier otro gasto administrativo relacionado.
Es importante aclarar que el Estado NO reembolsa estos gastos y, legalmente, el demandante no tiene derecho a exigir un reintegro al demandado, incluso si gana el caso.La única compensación que recibe es la pensión de alimentos establecida por el juez para beneficio del menor o de la persona alimentista.
A través de los ojos del Poder Judicial: si tú, como representante del menor o alimentista, decides iniciar la demanda, estás “invirtiendo” en el derecho de ese alimentista, pero no recuperarás los gastos de proceso mediante la sentencia de alimentos.
¿El Poder Judicial cubre algún gasto?
No. Ni el Juzgado de Paz Letrado ni otra entidad del Poder Judicial asume los costos del proceso legal.
El sistema judicial brinda el servicio de justicia, pero los costos operativos y profesionales corren por cuenta del demandante, salvo que se acceda a los programas gratuitos del Estado y elija llevar su caso con un abogado de oficio designado por el Poder Judicial. En este caso, el demandante se libera de pagar honorarios a un abogado pero sigue asumiendo los gastos administrativos del proceso.
¿Y si el(la) demandado(a) no cumple su sentencia?
Si el(la) demandado(a) no cumple con el pago de la pensión de alimentos sabiendo que existe una sentencia que lo obliga a hacerlo, según la Ley Nº 28439, el juez puede remitir el caso al fiscal correspondiente para que proceda un proceso penal por omisión de asistencia familiar.
Es decir, se debería iniciar un NUEVO proceso penal para el demandado y todos los gastos generados por ese proceso (incluyendo honorarios de abogado y gastos administrativos) también los paga el demandante.
Es un breve resumen de cómo las leyes están formuladas en el Perú.
💡Si estás evaluando empezar una demanda de alimentos, aquí hay una lista de escenarios que te ayudan a entender cuál es el mejor momento para llevarla a cabo.
Nota del Autor:
Según el Poder Judicial, la finalidad de una demanda de alimentos no es recuperar los gastos del demandante, sino garantizar que el alimentista —ya sea un menor, cónyuge o pariente— reciba la pensión que por ley le corresponde.
Sin embargo, esta realidad plantea una reflexión necesaria:
¿Cómo recupera el(la) demandante esa “inversión” que hizo por el bienestar de otra persona?
¿Cómo se repara el gasto de tiempo, dinero y energía que una madre, un padre o un familiar destina a exigir judicialmente una obligación que el otro debería cumplir voluntariamente?
Ese dinero, que pudo haberse utilizado para cubrir las necesidades del hogar o del propio menor, termina siendo empleado en un proceso legal que busca que alguien asuma una responsabilidad que ya era suya.
Más allá del aspecto jurídico, este tema nos invita a pensar en la necesidad de un sistema más justo y accesible, donde proteger los derechos de un hijo o familiar no signifique un sacrificio económico adicional para quien ya está cumpliendo su deber.
